Hace
más de 20 años se suprimieron en España las tasas judiciales, como
un medio de permitir el acceso a la justicia de todos los ciudadanos,
base fundamental de un Estado Social y de Derecho, tal y como
proclama la Constitución de 1978.
En
el año 2002 fueron reintroducidas, aunque limitadas a las empresas
con una cierto tamaño, pero exentos la mayoría de los ciudadanos,
de ahí que no hubiera reacción social. Posteriormente se extendió
a todos los ciudadanos la obligación de realizar un depísito de 50
Euros para presentar recurso de apelación, pero tampoco hubo
reacción, seguramente, porque no se consideró excesivo por los
agentes sociales.
Sin
embargo, los continuos recortes en el acceso a la justicia por los
ciudadanos la Justicia han llegado a su máxima expresión con el
proyecto de ley de tasas judiciales, publicado en el Boletín del
Congreso de los diputados el 7 de septiembre de 2012.
De
aprobarse, impedirían que muchos ciudadanos pudieran acceder a la
justicia. Como ejemplo, podría señalarse que en un procedimeinto
monitorio, que es aquel en el que con una factura emitida puede
plantearse una reclamación contra un deudor sin necesidad de
recurrir a un abogado ni a un procurador, haya que pagar una tasa de
100 Euros, cuando muchas de estas reclamaciones las realizan pequeños
empresarios por escasas cuantías, de modo que no les compensaría
presentarla.
Estas
tasas se extienden a todos los órdenes jurisdiccionales, salvo el
penal; en materias tradicionalmente exentas de coste, como el social,
se impone una tasa de 500 ¤ para recurrir al Tribunal Superior. En
los procesos civiles con una cuantía superior a 6.000.- ¤ la tasa
es de 300 ¤ más un 0'5% sobre el importe de la cuantía, y en caso
de tener que recurrir, otros 800 ¤ más el mencionado porcentaje.
Se
trata de una medida recaudatoria que atenta contra el derecho al
acceso a la defensa de los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales. La aprobación del
proyecto supondría que en justicia habría una justicia para pobres
y otra para ricos, los que pudieran costear dichas tasas, pero no una
justicia para los que superan el umbral de los beneficiarios de la
justicia gratuita, pero no lo suficiente como para poder pagar las
tasas.Por ello, se trataría de una ley discriminatoria.
Este
proyecto no se ha estudiado sobre una base objetiva que pueda
justificar su necesidad, pues no ha considerado los efectos negativos
que puede ocasionar en la ciudadanía. Su
aprobación pondría en riesgo derechos del Estado Social y
Democrático que se han ido conquistando por los españoles durante
los últimos 35 años.
