Asambleas constituyentes para una revolución ciudadana

Artículo publicado por Rebelión que habla de la Presentación de Constituyentes en Valencia
Por Enrique Llopis

 

El pasado 17 de marzo ciudadanos y organizaciones sociales de todo el estado se dieron cita en Cádiz, coincidiendo con el 200 aniversario de la primera constitución del estado español, para convocar a un proceso constituyente. En la declaración final de la Asamblea Ciudadana se proclamó que la constitución de 1978 ha quedado “deslegitimada” y se apeló a la necesidad de un nuevo texto constitucional que, en el marco de una revolución ciudadana, cambie las vigentes reglas del juego. Según la página Web “Constituyentes.org”, cerca de 6.100 personas y 85 organizaciones políticas y sociales de todo el estado se han sumado por ahora a la idea de un nuevo proceso constituyente.

La semana pasada se presentó en el Colegio Mayor Luis Vives la Asamblea Constituyente de la ciudad de Valencia. Recuperar nociones hoy vacías de contenido como “soberanía popular”, “poder de la ciudadanía” o “acción política democrática” figuraron en la agenda de un acto que contó con la participación del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y asesor de las Asambleas Constituyentes de Ecuador y Bolivia, Antonio de Cabo; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Albert Noguera; la catedrática de Derecho Público de la Universidad de Islandia, María Elvira Pinedo; y el miembro de Constituyentes Valencia, Francesc Ginés.

Antonio de Cabo subrayó en su intervención que nos hallamos en el estado español “en un punto de no retorno”; “la única salida que nos queda es que el pueblo tome las riendas y se movilice con una reivindicación básica: que se vayan todos”; esto es así “porque vivimos bajo la hegemonía de un sistema totalmente corrupto y que no tiene solución”. No caben medias tintas. Según el politólogo, “ya no es posible recuperar discursos que apelen a la vigente constitución española, por ejemplo, a su contenido social; pues lo cierto es que el estado social que proclama la constitución del 78 resulta ecológicamente insostenible y se erige, además, sobre la explotación de los países del sur”.

De Cabo alertó sobre la inminencia de un gobierno de concertación nacional, que posiblemente se suscriba a finales de año, con el fin de “salvar el vigente sistema de partidos”. Aunque encabezado por el PP y el PSOE, “al acuerdo se sumarían de una manera u otra el resto de formaciones”. Señales no faltan: el pacto recientemente alcanzado por los partidos mayoritarios para la renovación del Tribunal Constitucional o una extensa tribuna del Consejero Delegado de El País, Juan Luis Cebrián, instando a la entente. “Con el fin de salvar su pellejo nos dirán que todos unidos podemos salvar la situación; y ese todos significa que todos menos ellos vamos a pagar la factura de la crisis”, explicó el docente.

“Frente a este gobierno de unidad nacional sólo cabe que el pueblo se plante y oponga otro de destitución nacional”. Ahora bien, “eso será posible únicamente si se movilizan las clases medias, es decir, el corazón productivo del país, y la gran cuestión es cómo las atraemos para que se sumen a un cambio político radical”; Según de Cabo, “si este verano no se llenan las terrazas y restaurantes, si no llega el turismo, se corre el riesgo de que las clases medias, sumergidas en una crisis muy aguda, se apunten a la deriva neofascista que representan personajes como Esperanza Aguirre o Rosa Díez; sin duda, se les ofrecerán chivos expiatorios, como los inmigrantes. Nuestro gran reto consiste en impedirlo”.

Autor, junto con otros cinco especialistas del libro “Por una asamblea constituyente. Una solución democrática a la crisis” (Ed. Sequitur), Albert Noguera explicó por qué el impulso de un proceso constituyente representa “la única opción para salir de la crisis”. En resumen, “porque nos hallamos ante la muerte del reformismo, entendido como las mejoras socioeconómicas logradas gracias a la acción del estado; hoy, en cambio, sólo es posible la ruptura”. Partidos políticos y parlamentos, que en el pasado tenían la capacidad de promover legislaciones reformistas, “han sido sustituidos en gran medida por organismos tecnocráticos de carácter neoliberal, con la excusa de su presunta imparcialidad y de que al no tener, supuestamente, connotaciones ideológicas, representan al conjunto de los ciudadanos; pero lo cierto es que a la mayoría de la población se la ha condenado a mero receptor pasivo de estas políticas”.

Resulta esencial, a juicio de Noguera, que el poder constituyente –o en otros términos, la nueva legalidad- germine a partir de la sociedad civil organizada en asambleas, en ningún caso de líderes. “Los ciudadanos, hoy, no podemos participar ni influir en los órganos de poder dado que los estados y la Unión Europea los tienen amarrados en régimen de monopolio”. “Es esto lo que hemos de romper, pero sin líderes, sin populismos y sin que la acción la lleven a término masas desideologizadas; lo fundamental es anteponer la lucha de clases y plantear una batalla netamente anticapitalista”.

Francesc Ginés, miembro de la Asamblea Constituyente de Valencia, invocó la necesidad de superar el sectarismo y las tradicionales luchas intestinas en el seno de la izquierda. Y ello, “para centrarse en la verdadera prioridad, el trabajo pedagógico con vecinos y allegados; no hay que ser pesimistas pues la misma realidad nos lo va poniendo fácil; de hecho, cada vez es mayor el número de ciudadanos perplejos ante lo que ocurre; a pesar de que los medios de incomunicación no nos lo ponen fácil, hemos de salir a la calle y protestar”. Razones no faltan. Como subrayó hace poco el historiador Josep Fontana en Valencia, “no sólo pretenden liquidar el estado del bienestar sino que van aún más lejos: se han puesto como meta acabar con el estado”.

Ginés subrayó dos vías de acción para cambiar el actual estado de cosas. El primero, planteado por la coalición Syriza en Grecia, consiste en presentarse a las elecciones, llegar al parlamento y, desde las instituciones, intentar forzar los cambios. La segunda metodología es la que plantean las asambleas constituyentes: derrocar a los gobiernos desde fuera, planteando una batalla abierta (mediante la desobediencia civil) entre la ciudadanía y los poderes establecidos.

Como mínimo de reojo, las Asambleas Constituyentes miran permanentemente a Islandia. Aunque el balance final daría para largas discusiones, lo cierto es que en los últimos años los ciudadanos islandeses han visto cómo dimiten gobiernos, la población se niega mediante referéndum a pagar la deuda contraída por los bancos del país con entidades financieras británicas y holandesas, se detiene a banqueros y grandes ejecutivos o los ciudadanos intervienen en el diseño de una nueva constitución.

María Elvira Pinedo, que ejerce como catedrática de Derecho Público en este país, subrayó en una escueta intervención por videoconferencia que en Islandia “no hemos inventado nada nuevo; lo primero es que salga mucha gente a la calle a protestar; y trabajar mucho, porque nada se regala; el gobierno que regía antes de la crisis se defendió con uñas y dientes antes de abandonar; de hecho, no hay que olvidar nunca que una revolución sólo es legítima y válida en caso de que triunfe”.

En un comunicado hecho público por “Constituyentes” se destaca que “con la indignación ya no es suficiente”. “Ya no nos representan; ahora un pensionista, un estudiante o una persona enferma están detrás en el orden de prioridades del estado español respecto a los acreedores, entidades financieras y especuladores”. Por eso, exhortan a la apertura de un proceso democrático que culmine en la convocatoria de una asamblea constituyente, “en la que todas las personas –el pueblo- decidamos las reglas del juego con las que queremos vivir”. “Somos ese 99% que mueve el mundo, somos el verdadero poder y, por tanto, es hora de exigir una nueva constitución que blinde los derechos fundamentales para una vida digna de los ciudadanos”, añade la nota.

Las asambleas constituyentes aspiran a hacer efectivo el Artículo 1.2 de la Constitución Española: “la soberanía reside en el pueblo, del que emanan los poderes del estado”. Pero consideran que ese objetivo resulta imposible sin romper con las estructuras vigentes: “La actual constitución está funcionalmente obsoleta, además de ser ilegítima por antidemocrática, ya que no fue redactada por representantes directa y expresamente electos por el pueblo para tal cometido, es decir, mediante unas cortes constituyentes”. Añade el comunicado que la constitución de 1978 “cierra en el artículo 10 cualquier posibilidad real de cambio constitucional, pues el procedimiento llamado cláusula de intangibilidad implícita hace materialmente imposible su reforma; por tanto, hay que saltarse esos cerrojos” y mediante mecanismos de participación popular, activar un nuevo proceso constituyente, como ocurrió en 1990 en Colombia o más recientemente en Islandia.

Aunque no existen fórmulas mágicas ni recetas exclusivas, en los procesos constituyentes se distinguen habitualmente tres fases: la convocatoria de un referéndum para la activación del proceso; la elección democrática de los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, con la tarea de redactar la nueva constitución; y un referéndum final de aprobación. ¿Son estos procesos una utopía? “No”, responden fuentes de las asambleas constituyentes.

“Los cambios de las constituciones se cuentan por decenas a lo largo de la historia y han sido impulsados por el propio pueblo; en los últimos años, Colombia (1991), Venezuela (1999), Bolivia (2007), Ecuador (2008) y ahora Islandia y Túnez (ambos países en pleno trabajo de la asamblea constituyente); en Chile una amplia y activa plataforma exige una nueva constitución”. “Es, justamente, la capacidad de imaginar estos escenarios posibles, un factor clave para el cambio en las conciencias que lleve a una más favorable correlación de fuerzas”, concluyen invitando a la esperanza.