Artículo publicado por Rebelión que habla de la Presentación de Constituyentes en Valencia
Por Enrique Llopis
El pasado 17 de marzo ciudadanos y organizaciones sociales de todo
el estado se dieron cita en Cádiz, coincidiendo con el 200 aniversario
de la primera constitución del estado español, para convocar a un
proceso constituyente. En la declaración final de la Asamblea Ciudadana
se proclamó que la constitución de 1978 ha quedado “deslegitimada” y se
apeló a la necesidad de un nuevo texto constitucional que, en el marco
de una revolución ciudadana, cambie las vigentes reglas del juego. Según
la página Web “Constituyentes.org”, cerca de 6.100 personas y 85
organizaciones políticas y sociales de todo el estado se han sumado por
ahora a la idea de un nuevo proceso constituyente.
La semana pasada se presentó en el Colegio Mayor Luis Vives la
Asamblea Constituyente de la ciudad de Valencia. Recuperar nociones hoy
vacías de contenido como “soberanía popular”, “poder de la ciudadanía” o
“acción política democrática” figuraron en la agenda de un acto que
contó con la participación del catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad Complutense y asesor de las Asambleas Constituyentes de
Ecuador y Bolivia, Antonio de Cabo; el profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de Extremadura, Albert Noguera; la
catedrática de Derecho Público de la Universidad de Islandia, María
Elvira Pinedo; y el miembro de Constituyentes Valencia, Francesc Ginés.
Antonio de Cabo subrayó en su intervención que nos hallamos en el
estado español “en un punto de no retorno”; “la única salida que nos
queda es que el pueblo tome las riendas y se movilice con una
reivindicación básica: que se vayan todos”; esto es así “porque vivimos
bajo la hegemonía de un sistema totalmente corrupto y que no tiene
solución”. No caben medias tintas. Según el politólogo, “ya no es
posible recuperar discursos que apelen a la vigente constitución
española, por ejemplo, a su contenido social; pues lo cierto es que el
estado social que proclama la constitución del 78 resulta ecológicamente
insostenible y se erige, además, sobre la explotación de los países del
sur”.
De Cabo alertó sobre la inminencia de un gobierno de concertación
nacional, que posiblemente se suscriba a finales de año, con el fin de
“salvar el vigente sistema de partidos”. Aunque encabezado por el PP y
el PSOE, “al acuerdo se sumarían de una manera u otra el resto de
formaciones”. Señales no faltan: el pacto recientemente alcanzado por
los partidos mayoritarios para la renovación del Tribunal Constitucional
o una extensa tribuna del Consejero Delegado de El País, Juan Luis
Cebrián, instando a la entente. “Con el fin de salvar su pellejo nos
dirán que todos unidos podemos salvar la situación; y ese todos significa que todos menos ellos vamos a pagar la factura de la crisis”, explicó el docente.
“Frente a este gobierno de unidad nacional sólo cabe que el pueblo se plante y oponga otro de destitución nacional”.
Ahora bien, “eso será posible únicamente si se movilizan las clases
medias, es decir, el corazón productivo del país, y la gran cuestión es
cómo las atraemos para que se sumen a un cambio político radical”; Según
de Cabo, “si este verano no se llenan las terrazas y restaurantes, si
no llega el turismo, se corre el riesgo de que las clases medias,
sumergidas en una crisis muy aguda, se apunten a la deriva neofascista
que representan personajes como Esperanza Aguirre o Rosa Díez; sin duda,
se les ofrecerán chivos expiatorios, como los inmigrantes. Nuestro gran
reto consiste en impedirlo”.
Autor, junto con otros cinco especialistas del libro “Por una
asamblea constituyente. Una solución democrática a la crisis” (Ed.
Sequitur), Albert Noguera explicó por qué el impulso de un proceso
constituyente representa “la única opción para salir de la crisis”. En
resumen, “porque nos hallamos ante la muerte del reformismo,
entendido como las mejoras socioeconómicas logradas gracias a la acción
del estado; hoy, en cambio, sólo es posible la ruptura”. Partidos
políticos y parlamentos, que en el pasado tenían la capacidad de
promover legislaciones reformistas, “han sido sustituidos en gran medida
por organismos tecnocráticos de carácter neoliberal, con la excusa de
su presunta imparcialidad y de que al no tener, supuestamente,
connotaciones ideológicas, representan al conjunto de los ciudadanos;
pero lo cierto es que a la mayoría de la población se la ha condenado a
mero receptor pasivo de estas políticas”.
Resulta esencial, a juicio de Noguera, que el poder constituyente –o
en otros términos, la nueva legalidad- germine a partir de la sociedad
civil organizada en asambleas, en ningún caso de líderes. “Los
ciudadanos, hoy, no podemos participar ni influir en los órganos de
poder dado que los estados y la Unión Europea los tienen amarrados en
régimen de monopolio”. “Es esto lo que hemos de romper, pero sin
líderes, sin populismos y sin que la acción la lleven a término masas
desideologizadas; lo fundamental es anteponer la lucha de clases y
plantear una batalla netamente anticapitalista”.
Francesc Ginés, miembro de la Asamblea Constituyente de Valencia,
invocó la necesidad de superar el sectarismo y las tradicionales luchas
intestinas en el seno de la izquierda. Y ello, “para centrarse en la
verdadera prioridad, el trabajo pedagógico con vecinos y allegados; no
hay que ser pesimistas pues la misma realidad nos lo va poniendo fácil;
de hecho, cada vez es mayor el número de ciudadanos perplejos ante lo
que ocurre; a pesar de que los medios de incomunicación no nos lo ponen
fácil, hemos de salir a la calle y protestar”. Razones no faltan. Como
subrayó hace poco el historiador Josep Fontana en Valencia, “no sólo
pretenden liquidar el estado del bienestar sino que van aún más lejos:
se han puesto como meta acabar con el estado”.
Ginés subrayó dos vías de acción para cambiar el actual estado de
cosas. El primero, planteado por la coalición Syriza en Grecia, consiste
en presentarse a las elecciones, llegar al parlamento y, desde las
instituciones, intentar forzar los cambios. La segunda metodología
es la que plantean las asambleas constituyentes: derrocar a los
gobiernos desde fuera, planteando una batalla abierta (mediante la
desobediencia civil) entre la ciudadanía y los poderes establecidos.
Como mínimo de reojo, las Asambleas Constituyentes miran
permanentemente a Islandia. Aunque el balance final daría para largas
discusiones, lo cierto es que en los últimos años los ciudadanos
islandeses han visto cómo dimiten gobiernos, la población se niega
mediante referéndum a pagar la deuda contraída por los bancos del país
con entidades financieras británicas y holandesas, se detiene a
banqueros y grandes ejecutivos o los ciudadanos intervienen en el diseño
de una nueva constitución.
María Elvira Pinedo, que ejerce como catedrática de Derecho Público
en este país, subrayó en una escueta intervención por videoconferencia
que en Islandia “no hemos inventado nada nuevo; lo primero es que salga
mucha gente a la calle a protestar; y trabajar mucho, porque nada se
regala; el gobierno que regía antes de la crisis se defendió con uñas y
dientes antes de abandonar; de hecho, no hay que olvidar nunca que una
revolución sólo es legítima y válida en caso de que triunfe”.
En un comunicado hecho público por “Constituyentes” se destaca que
“con la indignación ya no es suficiente”. “Ya no nos representan; ahora
un pensionista, un estudiante o una persona enferma están detrás en el
orden de prioridades del estado español respecto a los acreedores,
entidades financieras y especuladores”. Por eso, exhortan a la apertura
de un proceso democrático que culmine en la convocatoria de una asamblea
constituyente, “en la que todas las personas –el pueblo- decidamos las
reglas del juego con las que queremos vivir”. “Somos ese 99% que mueve
el mundo, somos el verdadero poder y, por tanto, es hora de exigir una
nueva constitución que blinde los derechos fundamentales para una vida
digna de los ciudadanos”, añade la nota.
Las asambleas constituyentes aspiran a hacer efectivo el Artículo 1.2
de la Constitución Española: “la soberanía reside en el pueblo, del que
emanan los poderes del estado”. Pero consideran que ese objetivo
resulta imposible sin romper con las estructuras vigentes: “La actual
constitución está funcionalmente obsoleta, además de ser ilegítima por
antidemocrática, ya que no fue redactada por representantes directa y
expresamente electos por el pueblo para tal cometido, es decir, mediante
unas cortes constituyentes”. Añade el comunicado que la constitución de
1978 “cierra en el artículo 10 cualquier posibilidad real de cambio
constitucional, pues el procedimiento llamado cláusula de intangibilidad implícita hace materialmente imposible su reforma; por tanto, hay que saltarse esos cerrojos”
y mediante mecanismos de participación popular, activar un nuevo
proceso constituyente, como ocurrió en 1990 en Colombia o más
recientemente en Islandia.
Aunque no existen fórmulas mágicas ni recetas exclusivas, en
los procesos constituyentes se distinguen habitualmente tres fases: la
convocatoria de un referéndum para la activación del proceso; la
elección democrática de los miembros de una Asamblea Nacional
Constituyente, con la tarea de redactar la nueva constitución; y un
referéndum final de aprobación. ¿Son estos procesos una utopía? “No”,
responden fuentes de las asambleas constituyentes.
“Los cambios de las constituciones se cuentan por decenas a lo largo
de la historia y han sido impulsados por el propio pueblo; en los
últimos años, Colombia (1991), Venezuela (1999), Bolivia (2007), Ecuador
(2008) y ahora Islandia y Túnez (ambos países en pleno trabajo de la
asamblea constituyente); en Chile una amplia y activa plataforma exige
una nueva constitución”. “Es, justamente, la capacidad de imaginar estos
escenarios posibles, un factor clave para el cambio en las conciencias
que lleve a una más favorable correlación de fuerzas”, concluyen
invitando a la esperanza.
